«Hay al menos 1.500 obreros cesantes por el conflicto», informó el presidente de la Cámara de la Construcción del Este
El conflicto de la construcción mantiene unas 1.500 personas sin actividad, mientras empresarios advierten sobre el impacto económico y reclaman una salida negociada.
El conflicto que atraviesa la industria de la construcción continúa profundizando sus consecuencias en todo el país y golpea con fuerza a la zona este. Tras más de 115 días de negociaciones sin acuerdo entre las cámaras empresariales y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), cientos de trabajadores fueron enviados al seguro de paro y numerosas obras avanzan con serias dificultades. En ese contexto, el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción del Este, Gustavo Robayna, analizó la situación en Mañana Viva, en diálogo con Nicolás Núñez.
Robayna afirmó que el impacto ya es significativo y estimó que «hay al menos 1.500 obreros cesantes por el conflicto», sumando los trabajadores enviados al seguro de desempleo en Maldonado, Montevideo y otros departamentos. Explicó que las interrupciones en el suministro de hormigón obligan a detener tareas esenciales en muchas obras, dejando sin actividad a parte del personal. En Maldonado, calculó que unas 500 personas fueron afectadas por esta situación, mientras que en Montevideo la cifra sería aproximadamente el doble.
Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo la reducción de la jornada laboral. El dirigente empresarial sostuvo que una disminución de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial implicaría un incremento cercano al 10 % en el costo de la mano de obra, algo que —según afirmó— pondría en riesgo la viabilidad de muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
No obstante, aclaró que las cámaras no rechazan discutir cambios en la carga horaria, pero entienden que cualquier rebaja debe aplicarse de forma progresiva y contemplar mecanismos de flexibilidad que permitan adaptar la organización del trabajo. «La negociación consiste justamente en encontrar un punto que les sirva a las dos partes», expresó.
Robayna recordó que el sector ya atravesó una reducción horaria en 2008, cuando la semana laboral pasó de 48 a 44 horas mediante un proceso gradual. A su entender, una eventual nueva modificación también debería implementarse con tiempos de adaptación para las empresas y contemplando las particularidades de cada obra y de los distintos procesos constructivos.
El empresario señaló además que la flexibilidad laboral no es un planteo exclusivo de la construcción, sino una recomendación que también ha sido promovida por otras cámaras empresariales y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aseguró que el objetivo es compatibilizar las necesidades productivas con las condiciones laborales sin afectar la competitividad del sector.
Durante la entrevista también cuestionó las medidas sindicales que afectan el suministro de hormigón, al considerar que generan importantes pérdidas económicas para empresas y trabajadores. Explicó que cuando una obra no puede recibir hormigón, las tareas quedan completamente paralizadas y muchas empresas no tienen otra alternativa que enviar parte del personal al seguro de paro. «No es una medida represiva ni antisindical; simplemente no queda trabajo para hacer en esos sectores», afirmó.
Robayna también manifestó preocupación por algunos episodios registrados durante el conflicto, como ingresos de manifestantes a obras privadas y enfrentamientos con trabajadores que optan por continuar desempeñando sus tareas. Entendió que ese tipo de situaciones «no ayudan a la negociación» y advirtió que pueden derivar en actuaciones policiales y judiciales.
Consultado sobre las versiones que indicaban una posible definición inmediata del conflicto, el presidente de la Cámara fue cauto. Reconoció que existen instancias permanentes de diálogo y reuniones entre las partes, pero señaló que todavía «no estamos en una zona de acuerdo». Aun así, destacó que tanto empresarios como sindicato mantienen la voluntad de alcanzar un convenio colectivo de largo plazo que otorgue previsibilidad al sector.
Finalmente, insistió en que un eventual acuerdo no puede adoptarse apresuradamente solo para poner fin al conflicto. «No se puede firmar un convenio a cualquier precio. Hay que actuar con responsabilidad y pensar también en las consecuencias que pueda tener para el futuro de la industria», concluyó.
Crédito foto portada: Programa «Hasta el Hueso» de Canal 2.
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